Es inevitable recordar, en este momento, el famoso y desafortunado tuit de 7 de agosto de 2012 de Pablo Iglesias, en el que calificaba a Amancio Ortega de terrorista y a nuestro país de antidemocrático; probablemente los pacientes que se traten en los Servicios de Oncología Médica y Radioterápica de los hospitales públicos andaluces y gallegos tengan una visión de la jugada bien distinta de la del líder de Podemos.
En contraste con esta línea colaborativa ha saltado la noticia recientemente de que las consejerías de Sanidad y Educación del gobierno autónomo valenciano, regidas por un mejunje de partidos que corona a los nada moderados políticos de Compromis, han prohibido en base a un riguroso cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades de sus profesionales que los alumnos que estudian ramas de Ciencias de la Salud en universidades privadas puedan hacer sus prácticas en hospitales públicos valencianos; es decir, que o bien ahora se ha buscado la letra pequeña y la exclusión sectaria o antes se incumplía de forma sistemática la ley. Evidentemente, subyace un afán de desprestigiar y desproveer de poder formativo y fuerza a las universidades privadas valencianas, a cuyos alumnos además, de paso, se les excluye también para la solicitud de becas. En Málaga, sin embargo, y esto lo he vivido yo directamente en el último año, se ha potenciado desde los emergentes hospitales privados una apertura de sus puertas, personal y estructuras docentes (ya constituidas en comisiones desde hace años) a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Esta experiencia, que ha incluido también a los estudiantes procedentes de becas Erasmus, ha sido un completo éxito pues ha permitido unas prácticas más personalizadas (igual número de alumnos y más oferta de médicos y centros implica menor ratio de alumno/médico) y unas espectaculares respuestas en los índices de satisfacción por ambos lados, sin que nadie haya incumplido ninguna ley de incompatibilidad, por cierto; los alumnos nos demuestran a diario, igual que los pacientes, que sólo quieren calidad en la atención que se les da y los demás inventos políticos les traen al fresco.
Los nuevos tiempos de déficit económico necesitan de mentes abiertas que entiendan que es posible suplementar la financiación de los centros sanitarios públicos con fondos procedentes de otras fuentes y que la colaboración con la iniciativa privada es una mano tendida que hay que estrechar; la Sanidad Pública, en concreto, debe forzar el apretón de manos pues su fin último y absoluto prioridad es el beneficio de los pacientes. Quede claro que esto no debe implicar en ningún modo delegar la gestión de la Sanidad Pública a empresas privadas en las formas de concesión o paternariado mixto que se han mostrado dudosamente eficientes, y que no es el objeto de esta reflexión. Lo que si tengo claro es que anteponer unos principios ideológicos sectarios y secesionistas al bien común de una sociedad con la excusa del desprecio no razonado a lo privado es una irresponsabilidad que, en el campo de la Sanidad en concreto, adquiere una dimensión mayor. Así, debemos entender que potenciar la colaboración entre lo privado y lo público, si hay bidireccionalidad, puede hacer evolucionar la relación actual existente de vasos comunicantes a un sinergismo de potenciación que sería bueno para todos. Es un camino que debe estar abierto.
DIARIO SUR, Sábado, 23 de julio de 2016
