El blanqueo de capitales se ha convertido en un problema de Estado, tanto que es vital ponerle coto para luchar adecuadamente contra el crimen organizado y el terrorismo. Seguir la pista a los beneficios de estas actividades es una condición sine qua non para acabar con ellas. Por eso, la legislación antiblanqueo ha ido endureciéndose hasta obligar, en muchos casos, a quienes trabajan con fondos de dudoso origen a comunicar al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) las operaciones sospechosas, lo que atañe a abogados, asesores fiscales, notarios y bancos, principalmente, aunque hay muchos más sujetos obligados. Entre 2009 y 2013, las entidades financieras comunicaron al Servicio Ejecutivo más de 10.000 operaciones que no parecían muy limpias, el 10,2% en Málaga, con lo que nuestra provincia es la segunda a nivel nacional, tras Madrid (30,2%), en este ranking de dudoso honor.
Que Málaga esté segunda en la lista no es una sorpresa: la Fiscalía lleva años alertando de la presencia constante de bandas internacionales en la Costa del Sol y muchos de los grandes capos de la Camorra o de la mafia irlandesa, por ejemplo, pasaban tranquilamente sus días en los campos de golf del litoral malagueño mientras sus grupos seguían operando en otras naciones. Sólo cuando fueron detenidos, supieron que sus días de suerte se habían acabado.
LA OPINIÓN DE MÁLAGA, Domingo, 24 de abril de 2016
