El estudio denominado Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011), elaborado por los profesores de la Universidad de Deusto, José Ramón Intxaurbe, Eduardo J. Ruiz y Gorka Urrutia, en colaboración con la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, quiere corregir ese hecho y hacerlos visibles. Las páginas del informe ahondan en la vida de todos esos ciudadanos que se sabían en la diana de los terroristas. 3.300 vivieron entre esos años con escolta policial, 1.619 bajo vigilancia de la Ertzaintza y los restantes 1.700 de los cuerpos dependientes del Ministerio del Interior.
Cargos públicos del PSE y del PP, jueces, funcionarios, profesores y periodistas entre otros colectivos, describen cómo no solo vivían sin libertad y atenazados por el miedo a un atentado, sino ninguneados por sus vecinos y tratados “como apestados” en algunos casos al considerarlos un riesgo. Cada caso está documentado con testimonios personales estremecedores y aborda uno de los aspectos de mayor dimensión social sufrida por los amenazados: su estigmatización, un «déficit de solidaridad entre allegados, vecinos o compañeros de profesión» muchas veces motivado por «el miedo y el deseo de no verse involucrados en la misma estresante realidad de las personas amenazadas».
A mi marido lo mataron, pero antes no le dejaron vivir
Los testimonios recogidos en el informe han sido mantenidos en el anonimato e identificados con un marcador. Uno de ellos, denominado E3PJ, reconoce que en la comunidad de propietarios “no era una persona que gustara tenerla ahí. Yo lo entendía, en cierta manera eres un poco apestado”. «A mi marido al final lo mataron, pero antes no de dejaron vivir» explica una viuda que sufrió la vida de su marido con escolta y el peligro que entrañaba para toda la familia.
Según datos incautados a la banda, ETA recopiló información sobre 36.000 personas. 4.876 eran empresarios y 3.334 políticos. 621 de los objetivos habían sido estudiados hasta el punto de poder atentar contra ellos en cualquier momento. 492 de estos eran empresarios, 12 periodistas, 12 jueces y fiscales y 2 profesores, entre otros.
EL PAÍS, Domingo, 10 de abril de 2016
